En Suiza, las restricciones de circulación para camiones en 2025 abarcan toda la red nacional de carreteras y aplican a vehículos con un peso máximo legal superior a 3,5 toneladas, excluyendo aquellos destinados al transporte de pasajeros.
El Comité de Transporte Terrestre de la Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo clave durante su reunión del pasado 18 de diciembre de 2024. Los Estados miembros consensuaron establecer un período de concienciación de dos meses, del 1 de enero al 28 de febrero de 2025, para facilitar la adaptación a la normativa sobre tacógrafos en los vehículos que realicen transporte internacional.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó este viernes junto a los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin recorte salarial. Esta medida, prevista en el acuerdo de investidura, entrará en vigor antes de que finalice 2025, según afirmó la ministra.
Numerosos países europeos no han implementado completamente las directrices actuales de la UE sobre las tarifas de uso de carreteras para vehículos pesados y han sido instados formalmente a hacerlo. Como consecuencia, se prevé un aumento generalizado de los peajes en el transporte por carretera en Europa.
La escasez de conductores de camiones sigue siendo uno de los principales desafíos para la industria del transporte en 2024, con una brecha cada vez mayor entre la demanda de servicios logísticos y la disponibilidad de personal cualificado. Este problema, lejos de resolverse, ha evolucionado debido a factores como el envejecimiento de la población activa, las condiciones laborales percibidas como poco atractivas y la falta de medidas eficaces para fomentar el acceso a la profesión.
A partir del 1 de enero de 2025, todas las empresas que realicen operaciones de transporte de mercancías o pasajeros con origen y destino en Francia estarán obligadas a informar a sus clientes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por cada servicio de transporte. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros. Esta obligación aplica tanto a empresas nacionales como extranjeras e incluye el transporte multimodal.
