El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este pasado sábado que pedirá al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, que en esta ocasión durará un mes y no quince días como hasta ahora, con el fin de que pueda mantenerse hasta el fin de la desescalada y con la esperanza de que sea la última.
Sánchez incidía en la necesidad de alcanzar «un gran consenso» en el debate y la votación de la nueva prórroga que acogerá la Cámara el miércoles que viene, ya que, a su juicio, el estado de alarma ha funcionado y sigue siendo necesario.
El jefe del Ejecutivo destacaba los avances conseguidos durante el confinamiento desde el pasad 14 de marzo, pero insistía en que la prudencia y la cautela son las únicas guías de actuación para vencer al virus.
Pero el Gobierno no lo tendrá fácil para lograr saca adelante esta quinta prórroga, cuya aprobación pasa por retener los apoyos de Ciudadanos (Cs) y del PNV, y tratar de sacar del «no» a ERC, formación con la que se han retomado durante esta semana los contactos para sondear las opciones de que los republicanos vuelvan a dar su respaldo.
Este anuncio por parte del Gobierno se produce el día en el que se registra el menor número de fallecidos desde el pasado 16 de marzo, 102, lo que eleva a 27.563 el número de personas que han perdido la vida a causa de la COVID-19.
No se han registrado ningún deceso en cuatro comunidades: Baleares, Canarias, Cantabria y La Rioja, así como en las dos ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla.
Por su parte, el número de nuevos casos se mantiene prácticamente como la jornada anterior, con 539 (el viernes fueron 549) y el total de diagnosticados hasta hoy por PCR es de 230.698.
El propio presidente del Gobierno anunciaba durante su comparecencia en La Moncloa una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 20.000 millones de euros para apoyar a pymes y autónomos afectados por el parón de actividad.
De esa cifra, 80.000 millones son avales a empresas, 4.000 millones son garantías para las emisiones de pagarés de compañías no financieras que operen en el mercado de renta fija, siempre que tengan su sede social en España y los 500 millones restantes van destinados a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
