La Junta de Transferencias de la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra acordaron la transferencia de una serie de competencias en materia de tráfico. Medida que ahora ha sido refrendada por el Consejo de ministros al dar validez al Real Decreto-Ley que define este trasvase de responsabilidades al Ejecutivo navarro.
A partir del 1 julio de 2023, el Gobierno Foral de Navarra tendrá las competencias en materia de ordenación y regulación del tráfico, de establecimiento de medidas de vigilancia, de instrucción de los cuerpos de policía para la gestión del tráfico y de la gestión de pruebas deportivas, marchas ciclistas y eventos de vehículos históricos. A partir del 1 de enero de 2025, también tendrá las competencias en materia de sanciones administrativas y otras áreas vinculadas al transporte y la movilidad.
De manera inmediata, la transferencia de competencias en materia de regulación del tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial implica que el Gobierno Foral de Navarra tendrá potestad para fijar sus propias restricciones a la normal circulación de vehículos pesados de transporte de más de 7,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA). Navarra gestionará así la circulación de camiones en las carreteras de su territorio como ya hacen Cataluña y el País Vasco al tener las competencias transferidas.
En este sentido, el transporte de mercancías por carretera tendrá que tener en cuenta las restricciones al tráfico de camiones que puedan imponer desde la Administración navarra, al igual que las del Estado -competencia del Ministerio del Interior a través de la DGT- y las que aplican Cataluña y el País Vasco. Una cuestión que se vivió en 2014 y 2015, aunque entonces las restricciones fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al no respetar el régimen de competencias establecido en el ordenamiento español y que ahora avala el trasvase de poderes al Gobierno Foral.
