El Gobierno de Reino Unido ha definido un nuevo modelo de control de las importaciones de productos agroalimentarios que fija la exención de presentar certificados fitosanitarios para frutas y verduras hasta abril de 2024, con la única salvedad de las patatas.
Reino Unido ha publicado el borrador de la normativa ‘Border Target Operating Model’ que fija los controles a realizar en la importación de productos agroalimentarios. Este reglamento de algún modo vuelve a retrasar algunos de los requisitos que deben cumplir las empresas importadoras a la hora de transportar sus productos a Reino Unido que se fijaron en enero de 2021. De hecho, las frutas y hortalizas quedan exentas de presentar certificados fitosanitarios hasta abril de 2024, con la única salvedad de las patatas, considerado producto de alto riesgo.
Según el texto, todavía por aprobar de manera definitiva, las frutas y hortalizas frescas que se exporten a Reino Unido, con excepción de las patatas, no estarán sujetas a ningún certificado de carácter fitosanitario, como tampoco a controles físicos o de identidad adicionales a los que se realizan con carácter general. Esto retrasa nuevamente uno de los requisitos de importación que quería fijar Reino Unido después del Brexit. Controles fitosanitarios que según el plan del Gobierno británico deberían estar activos desde abril de 2021.
Dentro de este escenario, el nuevo modelo propuesto por Reino Unido no estaría vigente hasta octubre de este año y alargaría como decíamos la exención de controles fitosanitarios a frutas y verduras hasta abril de 2024. Esto es posible porque este tipo de productos se consideran de bajo riesgos, por lo que no tendrán que soportar controles sistemáticos en la frontera y no necesitarán una certificación fitosanitaria o notificación previa de importación como otros productos, como es el caso de las patatas.
En este punto, la conclusión es que los exportadores españoles y del resto de la Unión Europea deben cumplir únicamente con los requisitos de importación impuestos por Reino Unido desde enero de 2021, modelo de importación que en un primer momento generó unos mayores costes administrativos y documentales para las empresas por la declaración aduanera y el certificado de conformidad con las normas de comercialización, pero al que las compañías ya se han adaptado durante este periodo.
