El incremento de 10 céntimos en el impuesto al diésel afectará a un tercio de los transportistas

El pasado lunes, el Congreso de los Diputados debate el proyecto de Ley de prórroga del impuesto extraordinario a la Banca y otros, que incluye una enmienda del Grupo Socialista para aumentar en 10 céntimos el impuesto al diésel, con el objetivo de igualarlo a la fiscalidad de la gasolina. Fenadismer advierte que esta medida afectaría a muchos transportistas españoles, especialmente autónomos. Actualmente, la ley limita la devolución parcial del impuesto a los transportistas de mayor tonelaje, excluyendo a más de 130.000 vehículos de transporte.

No es la primera vez que el Gobierno intenta subir la fiscalidad del diésel. En 2019 y 2020, se propusieron incrementos similares que no prosperaron en el Parlamento. Además, en 2018, los combustibles sufrieron un aumento impositivo de hasta 4.8 céntimos para unificar el tramo autonómico de cada comunidad. En esta ocasión, la propuesta socialista plantea un aumento de 10 céntimos en el impuesto al diésel que se aplicaría desde enero.

Fenadismer considera que este incremento sería perjudicial para la viabilidad del sector del transporte por carretera, especialmente para los transportistas más pequeños, que no podrían asumir el costo adicional. A diferencia de lo que se indica en la enmienda, la subida impactaría principalmente a los transportistas con vehículos de menos de 7.5 toneladas, en su mayoría autónomos. Estos vehículos representan casi un tercio de la flota de transporte en España y, debido a la actual regulación del gasóleo profesional, no podrían beneficiarse de la devolución del aumento impositivo. De esta forma, alrededor de 130.000 vehículos de transporte de mercancías verían un impacto directo y negativo por esta medida.

En resumen, la enmienda socialista de incrementar el impuesto al diésel afectaría principalmente a los transportistas autónomos y de menor tamaño, quienes no se beneficiarían de la devolución de este incremento y se enfrentarían a mayores dificultades económicas. Esto ha generado preocupación en el sector del transporte por carretera, que considera que la medida podría poner en peligro su viabilidad.

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