La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó este viernes junto a los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin recorte salarial. Esta medida, prevista en el acuerdo de investidura, entrará en vigor antes de que finalice 2025, según afirmó la ministra.
En el acto celebrado en el Ministerio de Trabajo, Díaz destacó la relevancia histórica del acuerdo, señalando que beneficiará directamente a 12 millones de trabajadores con jornadas superiores a 37,5 horas, incluidos los empleados a tiempo parcial, quienes verán mejorados sus derechos y salarios.
“No es solo un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país. Hoy escribimos una nueva página en las grandes conquistas laborales de España, y esta será estudiada en universidades de todo el mundo”, afirmó Díaz.
La ministra resaltó los logros alcanzados contra la precariedad laboral y expresó su compromiso con medidas que mejoren las condiciones laborales. Subrayó que esta reforma también busca acabar con desigualdades laborales, garantizando que trabajadores de sectores como supermercados, cuidado, limpieza y hostelería, ocupados mayoritariamente por mujeres y jóvenes, disfruten de este derecho.
El acuerdo saldrá a consulta pública este viernes para acelerar su aprobación en el Congreso y el Senado. La norma permitirá que, antes de 2025, quienes trabajen 40 horas semanales ganen media hora diaria de tiempo personal.
Además de la reducción de jornada, se incorporarán el derecho a la desconexión digital y mejoras en el registro horario.
Registro horario digital y sanciones más estrictas
La ministra adelantó que se implementará un registro horario telemático accesible en remoto para la Inspección de Trabajo, garantizando el cumplimiento de las jornadas establecidas. Este sistema prevendrá abusos y permitirá a la inspección monitorear en tiempo real las horas trabajadas.
Asimismo, las empresas que incumplan la normativa enfrentarán sanciones individualizadas por cada trabajador afectado, en lugar de multas únicas por empresa, que hasta ahora resultaban económicas.
Once meses de negociaciones
El acuerdo pone fin a 11 meses de negociaciones, en las que participaron sindicatos, la patronal y el Gobierno en distintas etapas. Sin embargo, finalmente, CEOE y Cepyme no se adhirieron al pacto. Yolanda Díaz agradeció a la CEOE su participación inicial, pese a calificar las conversaciones como tediosas y marcadas por interrupciones.
Díaz subrayó que la reducción de la jornada es una aspiración mayoritaria de los españoles y defendió que no se trata solo de una cuestión económica, sino de mejorar la calidad de vida.
Los sindicatos advierten sobre posibles modificaciones
Unai Sordo, de CCOO, advirtió que podrían movilizarse si la medida sufre cambios que perjudiquen a los trabajadores durante su tramitación parlamentaria. Aseguró que vigilarán el proceso y continuarán reuniéndose con partidos políticos para garantizar el avance de la norma.
Por su parte, Pepe Álvarez, de UGT, anunció que retomarán los encuentros con formaciones políticas en enero para exigir argumentos sólidos frente a las críticas. Álvarez lamentó la ausencia de la CEOE en el acuerdo, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir dialogando con la patronal para buscar consensos amplios.
Ambos líderes sindicales defendieron que la productividad actual permite esta reducción de jornada y señalaron la importancia del registro horario para asegurar su cumplimiento. UGT, además, consideró este acuerdo como un paso hacia una jornada laboral de 32 horas semanales en el futuro.
