Se inmovilizan más de 20.000 palés que no cumplían los requerimientos fitosanitarios en Andalucía

La Guardia Civil ha retirado de la circulación 20.041 palés en las provincias de Granada y Almería tras comprobar que hasta cinco empresas no cumplían con los tratamientos fitosanitarios pertinentes.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Policía Judicial Medioambiental del Servicio de Protección de la Naturaleza de Granada y a la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura del Seprona han cerrado con éxito la operación ‘Torreseca’, en la que se han inmovilizado e incautado un total de 20.041 pales que no cumplían con los requerimientos fitosanitarios. En la misma también han participado inspectores de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

La operación ‘Torreseca’ comenzó a principios de 2024 a partir de distintas inspecciones que llevaron los agentes a cabo agentes del Seprona junto al equipo de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal dentro de una campaña para luchar contra la ausencia del tratamiento fitosanitario obligatorio de embalajes y palés de madera que se utilizaban dentro de operativas de comercio y transporte internacional. Estas primeras inspecciones pusieron a los agentes sobre la pista de varias empresas que no cumplían con los requerimientos de sanidad vegetal.

Finalmente, la operación ha concluido con la intervención en cinco empresas que almacenaban más de 20.000 palés sin el tratamiento fitosanitario adecuado. Todas ubicadas en Andalucía, cuatro de estas compañías tenían su sede en distintos pueblos de Granada, mientras que una quinta empresa estaba ubicada en una población de Almería. En todas ellas se encontraron estos palés elaborados o reparados a partir de listones de madera que no se les había dado tratamiento fitosanitario alguno, lo que puede provocar la propagación de plagas nocivas.

Las cinco personas responsables de estas empresas han sido acusadas de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al incumplir la Directiva Europea 2000/29/CE que regula las medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos para los vegetales y otros productos y la posible propagación en el interior de la comunidad. Además, uno de los empresarios también ha sido investigado por un presunto delito de falsedad documental y por otro delito contra la propiedad industrial al utilizar sellos falsos de una empresa autorizada sin la autorización de la misma para intentar acreditar un tratamiento fitosanitario inexistente.

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