Tras tres años de intensos debates, el Parlamento Europeo ha aprobado el llamado Paquete de Movilidad. Con él se allana el camino para mejorar las condiciones de trabajo de unos tres millones de transportistas profesionales por carretera.
Se quiere luchar contra las prácticas ilegales del sector, como las llamadas empresas buzón, que no realizan actividad en su país de origen pero mantienen ahí su domicilio para abaratar costes y evadir impuestos.
«Creo que todo el mundo se beneficiará cuando tengamos normas comunes en nuestro mercado único, porque hemos visto que si no las tenemos, los diferentes Estados miembros empiezan a establecer sus propias reglas, y eso significa que nuestro mercado estará muy fragmentado«, declara Henna Virkkunen, eurodiputada finlandesa del Partido Popular.
El Paquete de Movilidad ha alimentado las tensiones en la Unión Europea, dividiendo el bloque a lo largo de líneas geográficas. Algunos acusan a las nuevas normas de socavar la libertad de prestación de servicios y de restringir el acceso al mercado de transporte de las empresas de Europa del este, que por lo general son más baratas que las de sus colegas occidentales.
Los diputados que encabezan esta reforma rechazan estas afirmaciones.
«Si se dedica al transporte internacional, y establece su empresa en un Estado miembro A, con estándares más bajos, pero trabaja en un Estado B, con estándares más altos, entonces debe pagar los estándares a sus conductores en el estado miembro B, ¿dónde está la restricción? Tal vez aumente un poco el costo, pero no pasará nada«, señala el eurodiputado alemán Ismail Ertug, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
Antes de que termine el verano, los conductores podrán regresar a su país de origen cada cuatro semanas y tendrán que hacer sus largos descansos semanales fuera de sus camiones. Las normas sobre la igualdad de salarios y el acceso al mercado deben comenzar a aplicarse en 2022.
