El Gobierno ha aprobado, con casi seis meses de retraso, el real decreto que regula la jubilación anticipada para profesiones consideradas penosas, peligrosas o insalubres, pero con una condición clave: una cotización adicional a la Seguridad Social para trabajadores y empresas. Esta medida afectará a los sectores que se sumen al listado, donde ya figuran mineros, pilotos y policías locales.
Mayor coste laboral para acceder a la jubilación anticipada
Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la cotización extra se aplicará sobre la base de contingencias comunes y será asumida tanto por empresas como empleados. Esto significa que las actividades que busquen incluirse en el listado de profesiones de alto riesgo deberán afrontar un incremento en sus costes laborales.
El decreto establece dos límites claros:
- No se podrá jubilar antes de los 52 años.
- Una vez jubilado, el trabajador no podrá volver a ejercer la misma actividad que justificó su retiro anticipado.
Un proceso burocrático y lento
La inclusión de una profesión en el listado no será rápida. El procedimiento exige:
- Sindicatos y patronales deben presentar una solicitud conjunta.
- La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe de morbilidad y mortalidad.
- Se requerirán informes de la Inspección de Trabajo, el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en el caso de empleados públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.
Todos estos documentos serán evaluados por una comisión con agentes sociales, que decidirá si la actividad cumple los requisitos para aplicar coeficientes reductores. Solo entonces, mediante un nuevo real decreto, se autorizará la jubilación anticipada para ese sector.
Más presión fiscal para las empresas
Esta norma se enmarca en una tendencia alcista de los costes laborales desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, que han aumentado un 38% sin contar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ni las cotizaciones por accidentes laborales.
En 2024, los ingresos por cotizaciones sociales alcanzaron 11.174 millones de euros, un 7,2% más que en 2023 y un 33,3% por encima de los niveles prepandemia.
Con esta medida, el Gobierno traslada parte del coste de sus políticas sociales a las empresas, en un contexto fiscal cada vez más exigente. Mientras, los trabajadores de sectores de alto riesgo ganan la posibilidad de jubilarse antes, aunque con condiciones estrictas y un coste adicional.
