El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha implementado una actualización en la normativa relativa al certificado de conductor, clave para el transporte público internacional de mercancías por carretera. Esta regulación, contenida en la Orden TRM/59/2025, tiene como objetivos principales alinear las disposiciones nacionales con las directrices europeas, reducir los trámites administrativos y reforzar la seguridad jurídica de las empresas del sector.
Finalidad de la Regulación
El propósito central de esta normativa es establecer el marco jurídico para la emisión del certificado de conductor. Este documento resulta obligatorio para aquellas empresas transportistas que contraten conductores provenientes de países ajenos a la Unión Europea (UE) o al Espacio Económico Europeo (EEE). La regulación busca garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y sociales vigentes, al tiempo que elimina cargas administrativas innecesarias.
Condiciones para Obtener el Certificado
Las empresas con licencias comunitarias que empleen a conductores extranjeros deben cumplir con los siguientes requisitos para la emisión del certificado:
- Identidad del conductor: Proveer un documento de identidad válido.
- Permiso de conducción: Acreditar que el conductor cuenta con un permiso en vigor, válido para conducir en España según la normativa vigente.
- Certificado de Aptitud Profesional (CAP): Cuando sea obligatorio, se debe demostrar que el conductor ha completado la formación inicial y cumple con los requisitos establecidos.
- Registro en la Seguridad Social: Es imprescindible que el conductor esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, además de comunicar el contrato laboral a la autoridad competente.
Características del Certificado
El certificado tiene una validez de dos años y debe ajustarse al modelo establecido en el Reglamento (CE) número 1072/2009. Este documento es propiedad de la empresa transportista, aunque debe estar disponible para el conductor mientras realice actividades relacionadas con el transporte internacional.
Las inspecciones de transporte o las fuerzas de seguridad pueden requerir el certificado en cualquier momento. Asimismo, las empresas están obligadas a devolverlo en caso de que el conductor termine su relación laboral o si se detectan incumplimientos administrativos.
Mejoras Introducidas por la Nueva Regulación
La normativa incluye varias modificaciones que buscan optimizar los procesos administrativos:
- Reducción de trámites: Se elimina la obligación de presentar un informe sobre la validez de los permisos de conducción emitidos por otros países, ya que esta verificación será realizada por las autoridades de tráfico.
- Uso de registros públicos: Se fomenta la digitalización, permitiendo que las administraciones consulten directamente los documentos necesarios, reduciendo así la necesidad de aportar copias físicas. Este sistema se implementará de manera progresiva, aunque las empresas deberán presentar la documentación en formato físico hasta que esté plenamente operativo.
- Armonización con estándares europeos: La normativa se ajusta al Reglamento (CE) número 1072/2009 y a la Directiva 2003/109/CE, asegurando consistencia con las disposiciones aplicables en otros Estados miembros.
Validez de Certificados Anteriores y Derogaciones
Los certificados emitidos bajo la normativa anterior (Orden FOM/3399/2002) seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración, aunque con un límite máximo de dos años desde la entrada en vigor de la nueva regulación. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que contradigan la Orden TRM/59/2025.
Repercusiones en el Transporte Internacional
La nueva normativa aporta una mayor claridad y seguridad jurídica al sector del transporte, definiendo con precisión los supuestos en los que se requiere el certificado de conductor. También contribuye a una gestión más eficiente al eliminar barreras burocráticas, lo que supone una ventaja significativa para un sector clave en la economía española y europea.
Al centrarse en conductores de terceros países que no tienen residencia de larga duración, la normativa garantiza un control adecuado del acceso al mercado del transporte internacional. Esto ayuda a prevenir irregularidades y fomenta una competencia justa entre las empresas del sector.
